BREVE ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD PUBLICA Y EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INCREMENTO DE VIOLENCIA POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

La violencia en México se ha instalado como costumbre, bastaría simplemente con revisar las páginas de los diarios del país de hace apenas dos décadas, o escuchar los discursos del gobierno y de la sociedad en general sobre la violencia, para percatarnos de la cercanía de ella, de lo cotidiano que se ha vuelto la violencia de todo tipo en nuestras vidas. Las noticias de violencia que hace unos años llenaban las páginas de la nota roja, hoy en día son uno de los ingredientes más comunes en las principales planas de los periódicos locales y nacionales; asimismo, los noticieros de radio y televisión salpican violencia por doquier.
En lo que va del gobierno de Felipe Calderón es evidente el deterioro constante de la seguridad pública y el incremento de la violencia delictiva. El maridaje entre el crimen organizado y las autoridades, supuestamente encargadas de combatirlo, es una realidad.
Prácticamente no encontramos una dependencia policiaca que no haya sido infiltrada por los criminales, o tal vez tendríamos que decir que ha sido la política y la actividad de gobierno quien ha infiltrado a las bandas delictivas para participar de ese modo en el jugoso negocio del crimen organizado. Esta situación no sólo genera desconfianza en las autoridades, sino que la ciudadanía se muestra impotente ante la ola de violencia, y al saberse en la orfandad legal de las autoridades, decide no denunciar los hechos violentos, con lo que se genera un escenario de impunidad que a todas luces le conviene a los generadores de la violencia.
Refiere que una parte de los delincuentes que ingresan a los reclusorios se profesionalizan ahí "porque se llegan a contaminar", pero considera que es una tendencia mundial donde la violencia se recrudece y la tecnología está a la mano de la delincuencia.
Con razón muchos ciudadanos se preguntan qué caso tiene denunciar los actos de violencia a los ojos de un evidente acoplamiento entre criminales y autoridades de todos los niveles de gobierno. Estamos ciertos que los criminales disponen de redes de infiltración e inteligencia al interior de las propias corporaciones para conocer los movimientos y las debilidades de los órganos de seguridad.
Para cuantificar la gravedad del asunto, basta enumerar algunos datos: 1) en lo que va del año, los grupos criminales han causado más bajas –aproximadamente mil 200– que las sufridas por el Ejército estadunidense en el contexto de la invasión militar a Irak entre 2007 y lo que va de 2008 –poco más de mil–, y que a lo largo del año pasado hubo más muertos en México en las confrontaciones entre cárteles, y entre éstos y los cuerpos policiales y militares, que las bajas fatales totales sufridas por los invasores estadunidenses en el país árabe de 2003 a la fecha (La Jornada, 15 de mayo de 2008); 2) este año, al menos medio centenar de mandos y agentes policiacos en México, principalmente de nivel municipal y estatal, han presentado su renuncia, y otros tres elementos solicitaron asilo político en Estados Unidos; 3) la violencia que se vive en nuestro país, de acuerdo con el Banco Mundial, nos cuesta hasta 100 mil millones de dólares, cantidad que supera ampliamente el saldo de la deuda externa del sector público y que incluye los efectos de la delincuencia sobre la productividad, las inversiones y el costo de la seguridad privada. (La Jornada, 14 de agosto de 2005); y 4) más de 107 mil efectivos desertaron de las Fuerzas Armadas durante el gobierno pasado, y el fenómeno sigue a un ritmo de 49 deserciones diarias durante la administración calderonista. Seguro muchos de estos miembros pasan a engrosar las filas de la delincuencia organizada, incorporándose a ella con una valiosa información sobre seguridad nacional.
Es un hecho, la violencia es perpetrada por el mismo Estado, cuando no tiene la voluntad política para combatir la violencia de la sociedad. Pero la violencia no sólo son los miles de asesinatos cometidos a lo largo y ancho del país; la violencia también tiene cara de bajos salarios, empleos precarios, transporte público malo e inseguro, migración, feminicidios, pobreza alimentaria y de salud, violencia intrafamiliar, bajo nivel educativo, ejercicios de supremacía machista, ignorancia y desprecio por los derechos humanos, la “feudalización” imperante en barrios y colonias donde rige la ley del más fuerte, y que se han convertido en territorios vetados para las llamadas “fuerzas del orden”. Por ello, el crecimiento del crimen y la violencia en México y en el resto de la región latinoamericana, que cuenta con la más alta tasa de homicidios en el mundo y la brecha más amplia entre los más ricos y los más pobres, es un asunto que va más allá del tratamiento policiaco.
Cualquier acto delictivo, desde un robo hasta un secuestro o un homicidio, es cometido por ellos con ira y crueldad sin reconocer el daño que han causado y sin el menor remordimiento.
Criminólogos, sicólogos y expertos en seguridad pública consideran que esta nueva generación de delincuentes es producto de la tensión social y la impunidad, pero también son el resultado del incremento en el consumo de drogas y alcohol y la frustración, producto de la falta de oportunidades en los ámbitos escolar y laboral.
Lo peor, advierten, es que ahora tienen más herramientas para ser cada vez más violentos: armas y tecnología. Ejemplo de ello es el decomiso de armas que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública en el contexto del combate al narcotráfico.
El Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Felipe Calderón, refiere que en 2000 se decomisaron 2 mil 892 armas y en 2008, esa cifra aumentó a 14 mil 774.
De enero a junio de este año, 11 mil 572 armas fueron aseguradas, por lo que la tendencia aumenta. La Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2009, elaborada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), revela que por ese motivo se han incrementado los delitos cometidos a mano armada.
En la encuesta hecha en 2004, 31% de las víctimas entrevistadas aseguró que durante la comisión del ilícito los delincuentes emplearon un arma. En 2007, 33.5% señalaron lo propio; mientras que en 2008 fueron atacadas 34.1% de víctimas a mano armada.
Mario Arroyo, investigador del ICESI, advierte que la principal preocupación de los estudiosos del tema es no sólo la existencia de esta nueva generación delictiva, sino el hecho de que se pretenda disfrazar a través del uso de términos que esconden las dimensiones del problema.
Un ejemplo de ello, citó, es usar el término sicario.
"Llamar sicario a una persona le quita la carga real al problema. Aquí, el gobierno y los medios de comunicación, como una herencia de la experiencia en Colombia, le llaman sicario a quien asesina a 10, 15, 20 ó 100 personas y ese sujeto en cualquier parte del mundo es considerado un asesino en serie.
"Son asesinos seriales y en cualquier parte del mundo cuando se conoce la existencia de un asesino serial, se arma toda una estrategia nacional de persecución. En México no", refiere.
A las filas de esos asesinos seriales, asegura, se están uniendo, en su mayoría, jóvenes de entre 18 y 30 años, adictos a las drogas, provenientes de familias desintegradas, que cometen los homicidios fuera de sus lugares de origen y que son "desechables".
"Según la Secretaría de Salud, 14% de los mexicanos tiene un trastorno mental, un problema que no es atendido y que significa que casos como el del asesino de la estación Balderas del Metro no son aislados y que son el inicio de nuevos casos que serán cada vez más comunes y que están relacionados con la salud mental, en cuyo campo de cultivo están, además, la crisis y la desesperanza", asegura el experto.
Arturo Santos, psicólogo y criminólogo de la UNAM, señala que conocer el perfil de los nuevos delincuentes es complejo, pues intervienen factores genéticos (como la impulsividad y los rasgos psicóticos) y factores externos (como el clima de violencia en el hogar, la comunidad y la crisis económica).
Para el especialista, otros factores externos que contribuyen a generar nuevos delincuentes son la corrupción y la impunidad de las autoridades, pues ante la falta de control y sanción, los delincuentes lejos de alejarse de las actividades ilícitas, se profesionalizan.
Ese es el caso de los secuestradores, explica, quienes comienzan, por lo regular, cometiendo robo a transeúnte, luego a casa-habitación, a transportes de valores y bancos, hasta que se vinculan con secuestradores.
En ello coincide el criminólogo Arturo Santos, al señalar que basta hacer un click para que las bandas extiendan sus redes a nivel nacional e internacional sólo para mostrar su poderío.